En el transcurrir de los próximos minutos, con el discurrir de cada aseveración, desde la introspección silenciosa en la que se va a sumir, sus emociones primarias van a emerger haciéndole pasar de la «tristeza» al «interés», aunque es posible que en ese camino experimenten algunas otras como la «sorpresa», la «ira», el «disgusto», el «miedo» o la «alegría». Que nadie diga que no se lo hemos advertido.

Quienes contratamos con el Sector Público hace tiempo que hemos interiorizado que las Administraciones son, por así decirlo, nuestro mal necesario. Bien porque somos especialistas en la prestación de servicios a «lo público», bien porque «pasábamos por allí» cuando descubrimos que, puntualmente, podíamos adornar nuestra cartera de clientes con un «cliente de referencia» o engrosar nuestra cuenta de resultados con un cliente que «siempre paga».

Se lo permitimos todo, le alabamos todo, le suplicamos todo. Conductas y procederes que en nuestros clientes – y proveedores – de «lo privado» harían que nos inflamáramos de todas las maneras conocidas, a las entidades del sector público se las consentimos ahogando nuestras penas y quejas en correctas formas que eviten que quedemos mal ante quienes, más adelante, podrían cerrarnos las puertas a una nueva licitación.

Aguantamos su parsimonia, que nos traten como seres «administrados» o una ineficiencia organizativa y funcional que haría que cualquier empresa privada quebrase. Y, con ello, por encima de todo, soportamos su infinita capacidad de aletargarse cuando del cumplimiento de sus obligaciones de pago a sus proveedores se trata.

Mientras tanto, soportamos su implacabilidad a la hora de pasar, puntual y religiosamente, por nuestra cuenta corriente a cobrarse las cotizaciones a la Seguridad Social o los pagos a cuenta de cualquiera de los impuestos locales, autonómicos o estatales.

Ahora bien, o nadie cuenta o nadie quiere escuchar que «así no son las cosas» o, por lo menos, que la Ley dice que así no deberían ser y es que, aunque no lo crean, las entidades del Sector Público además de tener la obligación de pagar, tienen la de hacerlo en tiempo y forma y, cuando se retrasan, además, tienen la obligación de indemnizar al proveedor con el pago de los intereses de demora que, a día de hoy, son del 8% anual.

Además, cuando no pagan a tiempo podemos requerirlas de pago y, para el caso de que no cumplan podemos recabar la tutela de los tribunales y, mediante una medida cautelar obtener el pago inmediato del precio de nuestro trabajo sin perjuicio de que, además, luego se las condene a pagarnos los intereses de demora y las costas del procedimiento.

Pero claro, cuando sabemos esto nos sobreviene el miedo al «¿qué pasará si les reclamamos?». El aura de oscuridad y misticismo que rodea a esa administración a la que le permitimos todo, le alabamos todo, le suplicamos todo nos hace temblar ante la idea de que, si le reclamamos, nunca más nos vuelvan a llamar o de que busquen la manera de dejarnos fuera, para siempre.

Sin perjuicio de que el Código Penal algo nos podría explicar al respecto de lo mal visto que está que un funcionario en el ejercicio de su autoridad tuviera semejantes intenciones lo cierto es que, el sentido común nos dicta que, casi siempre, es mejor no trabajar para quien no te paga o te paga mal. Quizás, de esta manera, asumiendo una conducta individual exigente con el Sector Público generemos una conciencia colectiva que acabe con la cultura administrativa de tratarnos como administrados para pasar a reconocernos como sujetos de derechos con los que se tiene que cumplir.

 

UBAY FERRERA
Abogado Grupo Inurria
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