En los últimos meses, hemos sido testigos como varias clínicas dentales franquiciadas han echado el cierre sin previo aviso a sus clientes, quienes están sufriendo tratamientos sin terminar y financiaciones que continúan abonando sin haber recibido el servicio contratado.

Ante este escenario, es primordial que los consumidores afectados conozcan sus derechos y cómo ejercitarlos siendo muy importante que se haya conservado toda la documentación que se disponga de los servicios suscritos (contratos, facturas, etc.).

¿Qué ocurre con el dinero abonado? ¿Qué se puede hacer con el crédito contraído? ¿Y si se pagó con tarjeta de crédito?

En caso de que se optase por la financiación, si no han transcurrido 14 días naturales desde que se firmó el contrato vinculado, se puede ejercer el derecho de desistimiento, de acuerdo con lo establecido en los arts. 68 y ss. de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

Si no es su caso y ha transcurrido más tiempo, lo conveniente es solicitar a la entidad financiera la resolución del contrato de financiación vinculado al tratamiento suscrito con la clínica dental por incumplimiento puesto que entendemos que la pérdida sobrevenida de eficacia del contrato principal – el tratamiento- supone la del préstamo.

Si el pago hubiera sido con tarjeta de crédito sería recomendable solicitar a la entidad de crédito la anulación del cargo y el correspondiente reembolso en la cuenta correspondiente mientras que si se hubiese hecho al contado, lo oportuno es presentar una reclamación fehaciente y por escrito ante la sede Central de la cadena de clínicas dentales del que forma parte el establecimiento cerrado.

Reclamación del historial clínico

En estos supuestos, se debe conocer el estado de salud bucal del paciente pues muchos de los tratamientos han sido interrumpidos lo cual puede conllevar consecuencias negativas al perjudicado.

Por ello, recomendamos a todos los afectados que formulen reclamación exigiendo una copia del historial clínico para conocer su estado de salud dental y estudiar la viabilidad de una indemnización por los daños y perjuicios sufridos. No se puede olvidar que el acceso al historial es un derecho que corresponde al paciente según el art. 18 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de Información y Documentación Clínica y que su restricción también implicaría posibles sanciones por la Agencia Española de Protección de datos

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