En estos días en los que casi todos hablamos la lengua que usaba Napoleón,  los hechos ocurridos recientemente en la ciudad del amor me han traído a la memoria  aquel día en Atocha.

Por cuestiones del destino, tan solo 24 horas antes había estado en esa estación y en ese banco de color naranja. Después de la masacre, ese marzo,  salimos  a la calle, esta vez para pronunciarnos pacíficamente en una manifestación, pero no recuerdo, al menos lo he intentado, que los líderes mundiales nos agasajaran como lo han hecho tras lo ocurrido en la Galia.

Es plausible que lo hagan y así lo reconozco. La primera manifestación europea. Mostrar unión y fuerza. Pero hoy, ahora mismo, somos más débiles y  es ese mismo  estado de las libertades y  democrático el que nos limitará cada vez más, en el nombre de la protección y seguridad.

Por lo que, enarbolando nuestra seguridad, hay más controles, más intervención, más estado de alarma. Somos más vulnerables. Muy vulnerables.  Y menos libres. Y lo sabes. Pero, ¿cómo conseguir más seguridad sin afectar a las libertades? Las  propuestas, de ejecutarse, nos harán retroceder en los derechos fundamentales que nos ha costado años conseguir. Por eso hay que estar expectante y más  para nosotros –isleños–, que dependemos del avión como  muy pocos en la unión.

Así que estos días no solo han caído en mis manos informes de la propuesta de cómo limitar la libertad deambulatoria por Europa, es decir, aquella  facultad de permanecer o trasladarse de un lugar a otro, el derecho de toda persona a situarse en un espacio físico concreto, sino también otros informes  de nuestro Reino donde  esta vez se proponen otras limitaciones a la libertad.

Curioso o no, lo cierto es que estas propuestas de limitaciones coincidan con los acontecimientos y que recientemente se haya aprobado el anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal – nos dicen y cuentan– que  para la agilización de la justicia penal y así dar más garantías procesales.

Como la nueva propuesta para regular la intervención de las comunicaciones sin autorización judicial previa –toma tomate–. La propuesta dice que “en caso de urgencia” y para investigar delitos cometidos por organizaciones criminales, de terrorismo, contra menores u otros de especial gravedad, la intervención de las comunicaciones podrá ser ordenada por el ministro del Interior o por el secretario de Estado de Seguridad. Y no he leído mal. O sea, que esto no tendrá fin. Desde mi punto de vista  alimentándose aun más la inseguridad jurídica y limitándose la tutela judicial efectiva.

De prosperar esta y otras propuestas de las que ya escribiré,  chocarían con la regulación constitucional actual, amén de con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y con la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pero de ser  así  esperaremos, a buen seguro, recursos ante el Tribunal Constitucional, ante estas nuevas intervenciones y limitaciones. Y siempre por la libertad.

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