La participación en un foro universitario de uno de los dirigentes políticos más noveles y populistas de las últimas décadas, sumado al interrogatorio a un periodista en sede de tribunales y a otra intervención que he tenido en estos días con similar profesional ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, hacen que hoy tenga que retomar el asunto de la libertad de información; no de expresión.

El último de mis usuarios de servicios jurídicos tragó y tragó antes de que yo llegara a la comisaría. “Amablemente” le insistieron hasta más de diez veces que desvelara o revelara la fuente de la información que había motivado su artículo de opinión, en un medio de difusión escrito, y que trataba de algo de los papeles de un país andino. Mi cliente no lo hizo. No dijo quién se lo había contado. Alegó el derecho de preservar la fuente. Me hizo caso. Lo felicito. Le echo un par. Créanme.
Por eso y por aquello voy a comenzar a desempolvar algunos de los planteamiento que he sostenido en tribunales –entiéndase juzgados, salas de justicia y sedes policiales–, en defensa de la libertad de información y, en suma, en defensa de quienes la ejercen: los periodistas.

Por hoy, entiendan que estas letras son muy localizadas para el público a las que va destinadas. Es para ellos, para los que informan. Y que no dejen de hacerlo. Después, cada cual es dueño y señor de creerse lo que se escriba o cuenten. Pero que nunca dejen de hacerlo. Por higiene. Y también porque así nos sentimos más libres. Conviene mirar algo al pasado para entender el presente y que no se nos vaya de las manos el futuro. Recordemos que la libertad de información fue desarrollada por la doctrina a partir de la II Guerra Mundial. Con una intención clara: superar las insuficiencias del pensamiento liberal.

Se contrarrestaron las críticas al modelo liberal de la época y se adaptó su contenido al nuevo modelo de organización política que representaba el Estado Social. Y que hoy pretenden dinamitar y no se si lo conseguirán. Yo me lo cuestiono, tal y como siento el pulso.

Sin duda, y a mi modo de ver, escribiendo en estrictos términos de positivismo jurídico, la libertad de información deriva de la libertad de expresión, de la que constituye un elemento inherente. Así lo he planteado de viva voz en no pocas ocasiones con motivo de mis conclusiones finales ante los altos tribunales patrios.
Y, amigos lectores, es una libertad indispensable para la consecución de los demás derechos y libertades. O, al menos, de los que hoy disfrutamos.

Desde esta perspectiva, la mayoría de la doctrina, apoyándose en el art. 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se inclina de forma clara para definir la libertad de información como la libertad de buscar, difundir y recibir libremente informaciones e ideas. ¡Que maravilla! Aunque el desarrollo del proceso es bien distinto. Ellos lo saben. Los periodistas, que son los que ejecutan la difusión fruto de su trabajo. Y hablo de periodistas en el sentido amplio, no en el académico ni el que engloba la titulitis. Pues los dientes no hacen al león. Ni una toga a un abogado.

Pero que se reconozca jurídicamente la libertad de información no es suficiente para afirmar que su ejercicio está plenamente garantizado. Ha sido necesario, y lo seguirá siendo, dotarnos de medidas jurídicas para que esto sea real y efectivo. Y traspasar el periodo de adaptación a las necesidades sociales que se derivan de la función de la información en el momento socio político actual.

En cualquier caso, lo realmente importante, hoy, es el contenido de la libertad de información. Y se concreta –con distintos matices– en tres soberanías que yo llamo la libertad de buscar información, la libertad de difundir información y la libertad de recibir información. En suma, la libertad, al fin y al cabo.

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