Estoy acostumbrado a leer estupideces escritas para rellenar páginas, letras o espacios  televisivos de petardeo.  Y en la mayoría de las ocasiones tratan de hacerlos políticamente correcto. Lo que no implica que se use un descarado mal gusto, uso del insulto y otras memeces de moda. Pero, eso sí, mientras se haga políticamente correcto.

Pero lo cierto es lo que se ejercita es el arte del   camuflaje, esta vez con  lo que realmente se piensa. Y se “tunean” o se   sustituyen términos por otros que suenen mejor. Aunque pienso que lo que se denomina políticamente correcto es realmente un limite a la libertad de expresión.

Estas últimas consideraciones me conducen a lo que escuché hace unos días entre vinos. Un pope de la prensa  autóctona ponía verde a un miembro del poder judicial que ejerce jurisdicción en la Ciudad de los Adelantados. Lo hacía junto con otros doctos de la carrera judicial –que la han dejado aparcada para dedicarse a cosas del parlamento–.

Hablábamos  de escuchas legales –por intervención judicial– que imputaban al candidato  presunto que aparentemente sustituirá al  presidente actual; y eso me hizo reflexionar sobre cómo, cuando y de qué manera se manipula a los informados por parte de los informantes.  Pues la conversación –algún listo– sin el más mínimo rigor la trasladó al día siguiente  a su papel escrito. Y es que zapatero, a tus zapatos. No dio ni una.

Cierto es que, a mi modo de ver, la  Ley Orgánica del Poder Judicial puso la profesión de juez en contacto con la tierra. Estos humanos dejaron de ser dioses togados y con puñetas para convertirse en mortales. Esa norma nos hizo ver que los jueces  no son ni más ni menos que funcionarios públicos, sin apenas  privilegios y con su propio estatuto  –bastante burocratizado diría yo–, pero que no son invulnerables a las interferencias políticas ni a otras. Y es en esto donde deberíamos poner remedio y no en el trabajo que desarrolla un juez, que es de una pesadez incomparable, si lo comparamos con sus retribuciones.

Hoy y ahora  si una señoría –entiéndase juez– quiere cumplir con su trabajo o con su deber, el camino que le queda por delante es duro.  Preguntemos a esa jueza de Sevilla o algunos jueces más cercanos. Y nunca disponen de medios materiales ni humanos para llevar su tarea a cabo. Nunca. Así acaban obsesionándose por poner sentencias y quitarse papel de encima. He visto sentencias de una sola hoja y otras que repetían los fundamentos jurídicos hasta tres veces.

No he notado en ningún dirigente político  de la era moderna –50 años atrás-  que  haya tomado conciencia de que los asuntos  que entran en un juzgado de instancia  o instrucción necesitan su tiempo, su tramite y sus horas de estudio para poder darle solución a los problemas que en ellos se ventilan o para ejercer realmente el derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en la Constitución del Reino.

Un amigo solía  comparar a los jueces de instancia con los médicos de cabecera,  que te atienden de urgencia pero  te mandan a un especialista.  En este caso los especialistas son las audiencias, donde con el uso del recurso llegan los asuntos que sentencian los jueces; y es ahí donde se suelen tratar con más tiempo de estudio y calma.  Nunca he encontrado  argumentos convincentes que me hagan pensar lo contrario. Y basta una consulta rápida a las bases de datos jurídicas para constatar el aumento de los recursos a las resoluciones de los jueces de instancia, los primeros en la trinchera.

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