Soy de los que piensan que la figura de la  imputación no es un elemento lo suficientemente sólido para que se tome como excusa o elemento decisorio para apartar formalmente a un sujeto de la carrera política.  Con una salvedad –los delitos flagrantes–,  pues hay casos en que los han cogido con el carrito de los helados y el conductor niega la evidencia.

Pero esto entra  ya  en  la esfera moral.  Y en la mayoría de los casos, esa moral se canjea por el echadero, la paga a final de mes y algún que otro privilegio. Y de esto sí que gran parte de los habitantes del Reino están hartos, muy hartos. Pero todos conocemos que escasea esa cualidad: la moral. En todos los foros, no sólo en los políticos, aunque ahora toque poner el foco en éstos.

Y este es mi razonamiento: la imputación es una figura procesal de gatillo fácil; es decir, a criterio de su señoría ilustrísima se puede entender que hay elementos suficientes en el procedimiento penal, en la fase de instrucción, para dictar una resolución en forma de auto donde se establece que una determinada persona es responsable de unos hechos con apariencia de delito.  Y está perfectamente definida en nuestras leyes procesales.

Pero como hoy –y por ahora– esto hay que someterlo a contradicción, es posible que a lo largo de esa instrucción  penal se pruebe que el imputado nada tenía que ver con ese hecho delictivo, como en numerosas ocasiones ocurre. En cualquier caso, el término “imputación” ya esta estigmatizado y demonizado. Y, cómo no, el imputado. Y solemos oír: “Cuando el ríosuena agua lleva”… Pues no siempre es así.

Así que no le demos más vueltas y aceptemos  que sólo una apariencia delictiva es causa suficiente para imputar, con el máximo respeto, nuevamente,  a sus señorías ilustrísimas. Hoy  es moda,  e incluso se da un aire democrático,  el acudir al matadero

electoral y gritar  que un imputado no va en las listas porque ha sido imputado. Pues bien, esta figura de la imputación se está convirtiendo en un arma electoral que desvía la atención de los mitinistas. Ellosno son jueces, así que dejen al poder judicial actuar en estos casos y  a los políticos  que ejerzan la función ejecutiva o legislativa, si llegan al poder.

En cualquier caso, hay que tener en cuenta el atasco eterno de la Administración de Justicia y la intima relación que tiene ese atasco con lo que se tarda en dictar una resolución judicial. Ello hace que infinidad de sujetos queden en el limbo de la imputación indefinida, convirtiéndose en los presuntos y eternos culpables.

Y qué decir de aquellos casos en los que esa imputación termina en un  auto de sobreseimiento y archivo, después del peregrinaje por los juzgados y tribunales del Reino del señor o señora imputados. En conclusión, debe primar como premisa suprema el principio de presunción de inocencia por encima –semper– de la presunción de culpabilidad.

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